La desgracia ya ha ocurrido y ninguna investigación puede ya impedirla, pero eso no es excusa para que no se realice de una manera seria.
1.- Las victimas y sus familiares merecen que se sepa la verdad.
2.- Sin conocer las causas del accidente, desde la primera hasta la última, tal vez no se pueda impedir el siguiente.
Por desgracia es absolutamente imposible averiguar la verdad si quien la investiga es una de las partes. En este caso, a priori, las responsabilidades se podían repartir entre políticos, técnicos, Adif, el conductor o alguna causa externa que se pudiera haber dado. Dificilmente una sola de las partes podía tener toda la responsabilidad y, en un país civilizado, lo lógico hubiera sido encargar la investigación a alguna entidad autónoma externa.
Si la prioridad es conocer la verdad para poder poner los medios necesarios para evitar que se repita el accidente se contrata a un especialista externo y objetivo que analice punto por punto en qué se falló y qué debería mejorarse.
En cambio si lo que se desea es escurrir el bulto, evitar responsabilidades y tapar posibles errores de la administración, qué mejor decisión que crear una comisión de investigación compuesta por políticos que ordenen a Fomento (ADIF) que investigue el reparto de responsabilidades entre los políticos, la propia ADIF y el conductor.
¿Cual será el resultado final de la investigación?, ¿hace falta adivinarlo?
1.- La culpa es del conductor.
2.- Las infraestructuras son mejorables pero estaban bien.
3.- Rollo normativo para que la gente pierda el hilo del debate: que si se cumplían las normativas europeas de nosequé, que si el ancho de vía, que si no era de alta velocidad (se ve que 200 Km/h es ir a ralentí), que si había cartelitos, que si las balizas, que tal y que pascual.
No contentos con eso, tras las sorprendentes conclusiones, asistimos a un nuevo espectáculo, casi inaudito en la política española, en que de repente todos los políticos se ponen de acuerdo en algo: los políticos no tienen la culpa, las decisiones las toman los técnicos que son los que saben. Los técnicos, a su vez, culpan a los políticos de ser los que toman las decisiones finales y los que reparten el presupuesto.
A todo eso los españoles respondemos con la resignación aprendida generación tras generación: España no tiene remedio.
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